Luego de la suspensión de la ley ley 27.506, cuyo objetivo era promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización, empresarios del sector tecnológico expresaron su preocupación.
El pasado lunes, el Gobierno decidió suspender la aplicación de la ley de Economía del Conocimiento, aprobada en mayo para incentivar las actividades productivas basadas en el uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información.
Ahora las empresas tecnológicas aseguran que se encuentran en un período de dudas a causa de la falta de regulación existente tras la suspensión de la ley que, según alegan desde el sector, deja muchos proyectos estancados y causa incertidumbre.
Según expresó a Infobae el director ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi, “muchos proyectos entrarán en un impasse, ya que hoy no está claro cuál es el marco regulatorio”.
Además, aseguró que el Gobierno les adelantó a los empresarios del sector que en futuras sesiones extraordinarias se modificarán algunos aspectos de la ley ,como por ejemplo la aplicación de beneficios con escalas diferenciales entre las empresas pequeñas, medianas y grandes.
En cuanto a este punto, el empresario dijo que “si la intención del Gobierno es crear trabajo, el Estado debe apoyar a todo el ecosistema, tanto grandes como chicos” y se cuestionó: ¿Por qué castigar justamente a las que más lo generan? Diferenciar entre grandes y chicas no va a ayudar”.
Otra reforma que se les adelantó en reuniones con el Gobierno fue la eliminación de la estabilidad fiscal por 10 años, que establece que a las empresas no podían aplicárseles nuevos impuestos por ese período a contar desde su registración en el régimen.
“Eliminar esa estabilidad fiscal significa perder uno de los grandes beneficios que tenía el ordenamiento jurídico argentino. Así, entramos en un limbo donde los negocios no pueden planificarse con un marco regulatorio preciso,” dijo Galeazzi.
Asimismo, el dueño de Argencon señaló dos aspectos positivos de la futura reforma: por un lado el cálculo de los beneficios en materia de contribuciones patronales, otorgando un bono fiscal por el 70% de la masa salarial de las empresas incluidas, y por otrol, la decisión de liberar a las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo del requisito planteado en la ley de tener el 70% de su facturación en la actividad para poder incorporarse al régimen
