El proyecto cuenta con una fuerte oposición que advierte de las consecuencias que puede tener en la población, principalmente por el aumento de la factura de la luz.
Tras muchas idas y venidas, la Cámara de Diputados de Brasil vota este lunes un polémico proyecto impulsado por el Gobierno para privatizar la estatal brasileña Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina y una de las empresas más importantes del país. Está previsto que la sesión sea larga y conflictiva.
El texto, que la semana pasada contó con visto bueno del Senado, cuenta con una fuerte oposición de partidos y sindicatos que advierten de las consecuencias que puede tener en la población, principalmente por el aumento de la factura de la luz.
Eletrobras es responsable del 40 % de la transmisión y el 30 % de la generación de energía en Brasil y el Gobierno de Jair Bolsonaro espera recaudar unos 11.800 millones de dólares con la privatización de la compañía, que en 2020 generó un beneficio de casi 1.300 millones de dólares.
El texto fue presentado en febrero a través de una ordenanza por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro, y tiene una validez de cuatro meses, por tanto, si no se aprueba este lunes perderá su vigencia.
De no pasar, será la tercera vez, desde el gobierno de Michel Temer (2016-2018), que el proyecto no sale adelante. Y si se da luz verde, se mandará al Ejecutivo para que sea sancionado por el mandatario.
La participación estatal en Eletrobras es actualmente de un 60 % y se espera que se vea reducida en un 45 % a través de la venta de acciones en una Oferta Pública de Acciones (OPA) en la Bolsa de Sao Paulo.
Según la propuesta, cada accionista o grupo de accionistas no podrá mantener una participación superior al 10 % y el Gobierno contará con una acción preferencial, denominada “acción dorada”, con la que tendrá poder de veto en las decisiones estratégicas de la empresa.
Durante la campaña de 2018, Bolsonaro prometió llevar a cabo un ambicioso plan de privatizaciones e incluso afirmó que iba a “extinguir gran parte de las estatales”. Pero la crisis económica acentuada por la pandemia y los grupos discordantes en el Congreso ralentizaron sus planes.
Si la medida sale adelante supondría una victoria para el ultraliberal ministro de Economía, Paulo Guedes, quien asegura que la factura de electricidad en los hogares y las empresas se reducirá hasta en un 7,36 %, un extremo con el que no concuerdan sus detractores.
Bolsonaro afirmó la semana pasada que Brasil sufrirá un “caos” energético si no se privatiza la compañía. La votación se produce en un momento en el que el país atraviesa una importante sequía que ha afectado a las reservas de las plantas hidroeléctricas.
“Privatización a cualquier precio”
El rechazo a la privatización de la compañía fue una de las demandas durante las multitudinarias manifestaciones contra el presidente el pasado fin de semana, cuando el país superó la barrera de los 500.000 muertos por la pandemia.
Desde la oposición advierten de que la privatización supondrá “una amenaza a la soberanía nacional”. Además, el texto pasó en el Senado por varias modificaciones –denominadas ‘jabutis’– que no tienen relación con el objetivo principal del proyecto. Muchas voces consideran que algunos parlamentarios usaron el proyecto para ampliar los privilegios de grupos del sector eléctrico en varias regiones del país.
“No estamos hablando aquí de cuestiones técnicas, estamos hablando de regateos que se han ido produciendo en las últimas horas (…) estamos negociando y regateando megavatios”, criticó el senador Jean Paul Prates (PT-RN).
Uno de los puntos que más controversia ha generado está relacionado con la contratación de plantas termoeléctricas en varias zonas del país, sin infraestructura de transporte de gas natural, lo que elevaría los costos para los consumidores de energía.
La senadora Simone Tebet advirtió de que la obligación de construir termoeléctricas lejos de gasoductos frena el avance de la energía eólica y sola. “¿A quién beneficia cuando todos pierden?”, cuestionó.
Los partidos que votaron en contra tiene previsto recurrir ante el Supremo Tribunal Federal (STF) alegando indicios de inconstitucionalidad de estos ‘jabutis’.
