El Concejal Javier Calisaya, de vacaciones, envío una gacetilla a los medios, donde denuncia la no renovación de los contratos de sus familiares, ingresados al municipio por la ventana y sin concurso durante el anterior gobierno municipal.
Calisaya, al igual que su mentor ideológico, confunde el Estado con su partido, y no comprende que la población de Tierra del Fuego está harta que el Estado sea una bolsa de trabajo para parientes, y punteros políticos.
Los vecinos de Río Grande, muchos de ellos, jóvenes y otros, jefes de hogar, que estudian y se capacitan todos los días, también quiere la misma oportunidad para ingresar al Estado, que se cumpla la carta orgánica, que el ingreso a la administración pública sea por concurso. La gente está harta de que e los punteros políticos, las amantes y los parientes de los políticos ingresen al estado como si se tratara de una prerrogativa de sangre derogada en la Asamblea del año XIII.
Javier Calisaya, fue funcionario del gobierno de Rosana Bertone, y mantuvo silencio cómplice cuando el gobierno envió a gremialistas de camioneros a apalear a trabajadores estatales frente a la planta Orión en Ushuaia, y cuando Bertone envío a la policía a reprimir y desalojar a los empleados públicos y docentes que acampaban frente a Casa de Gobierno.
El concejal Calisaya, de vacaciones, se da el lujo de enviar comunicado de prensa con el único objetivo de defender los contratos de sus familiares, que no sabemos si ingresaron por ser familiares o punteros políticos, lo que si sabemos que no hubo concurso de ingreso y que fueron ingresados por la ventana.
Es correcto lo que le responde a Calisaya el Concejal Hugo Martinez (Frente de Todos), cuando le pide “que no falte a la verdad a los vecinos”, y le recomendó “no escudarse en una supuesta defensa de los trabajadores ya que el verdadero motivo de sus acusaciones son los familiares y allegados a los cuales no se le renovaron los contratos que vencieron el 31 de diciembre, fecha fijada por el ex-intendente Gustavo Melella”.
“Calisaya sabe muy bien que la anterior gestión municipal minó con más de 600 contratos políticos la administración durante la campaña electoral y luego en la transición, y ante ello se mantuvo en silencio”,
