El ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi inicia hoy conversaciones con autoridades de la Federación Rusa acerca de cooperación militar-técnica.
El encuentro es una continuidad de reuniones previas enmarcadas en el Convenio de Cooperación Militar-Técnica que se firmó en 2004. A lo largo de tantos años se han declarado intenciones a nivel político y al parecer llegó el momento de promover acciones concretas. La “ley Rossi”, el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) que asigna partidas presupuestarias progresivas anuales para dotar de equipos a las fuerzas y recuperar capacidades básicas contribuyentes a la defensa del país es el activo movilizador. El embajador ruso Dmitry Feoktistov anunció a principios de febrero la realización de este encuentro con carácter presencial, mirarse a la cara en lugar de plataformas virtuales resulta más eficaz a la hora de ofrecer y negociar equipamiento e intercambiar pensamiento estratégico. La delegación rusa arribó al país y cumplió el protocolo de bioseguridad que exige la emergencia sanitaria global por el coronavirus. El diplomático informó en aquella oportunidad que el copresidente de la comisión es Anatoli Punchuk, director adjunto del Servicio Federal ruso de Cooperación Militar y Técnica. La propuesta rusa se plasmó hace meses, una gruesa carpeta ofrece material bélico a pagar con distintas soluciones desde el crédito y financiación directa, sin intermediarios hasta el intercambio por commodities; minerales, los denominados “tierras raras” y también el litio, desarrollo de los procesos de extracción con inversión rusa, entre otros programas de fomento.
La adquisición de equipos militares constituye una relación que va más allá de la incorporación de esos materiales, supone participar de la misma visión del mundo y sus conflictos para el uso de esos medios, establecer alianzas internacionales y compartir las rivalidades del país o bloque vendedor. Se busca a través de estos programas (comunes a todas las potencias) construir relaciones interpersonales de amistad y camaradería con funcionarios del sector de la defensa (de los partidos predominantes), los altos jefes y aumentar el acceso a los militares de la región.
Argentina sufre hasta hoy las consecuencias (veto a material bélico) de haber utilizado el poder militar contra un país del bloque de potencias que equiparon las fuerzas armadas criollas, a pesar de que ya transcurrieron 39 años del fin de la guerra por Malvinas.
El grueso del ofrecimiento ruso apuntó a la fuerza aérea, aviones de entrenamiento avanzado Yak-130, 12 aeronaves Mig-29M/M2, es un avión de combate de cuarta generación y 12 Su-30 es una aeronave supersónica biplaza de cuarta generación, especializada para el combate aire-aire. Todos incluyen el establecimiento de una línea de ensamblado local en cooperación con la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Esta iniciativa luce como transferencia de tecnología aunque el ensamblaje (armado) de una aeronave dista de impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas locales. La industria para la defensa nacional no participa de estas conversaciones en Defensa. Olvido o decisión política a revisar si uno considera que el ministro de Producción, Matías Kulfas promueve acciones multidisciplinarias en la toma de decisión para el desarrollo de industrias estratégicas. Se ha realizado más de una reunión auspiciada por Kulfas con participación de funcionarios de defensa y altos jefes de logística militar donde se estableció el eje de trabajo conjunto en la selección y compra de sistemas de armas y la complementación para el desarrollo local.
La propuesta rusa contiene blindados 8×8 para el Ejército Argentino, los modelos BTR-80 y el BTR-82A, incluye el desarrollo y la instalación de una fábrica dónde se producirán los vehículos. En el área de personal se tratará la participación en competencias de habilidades militares -por ejemplo, juegos internacionales Army celebrados en Rusia- y una posible formación de militares argentinos en centros de educación superior del Ministerio de Defensa ruso.
