“Como en los peores tiempos de la dictadura de (Augusto) Pinochet, hubo disparos y manifestantes muertos y heridos por armas de guerra”, dice el documento.
Varias organizaciones enviaron un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para pedir que se investigue, acuse e inicie un juicio al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El documento fue enviado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), con apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), señala el documento, que fue publicado por el medio chileno Ciper.
En el pedido, en el que también solicitan que se investigue a los colaboradores cercanos de Piñera, denuncian concretamente la respuesta que ha tenido el Gobierno chileno al estallido social que hubo en su país en octubre de 2019, y que se ha prolongado a la actualidad.
“Estimamos que la respuesta violenta del gobierno de Sebastián Piñera a las reivindicaciones sociales reúne todos los requisitos para ser consideradas como crímenes de lesa humanidad”, dice el texto.
En un video publicado por el mencionado medio, Garzón dijo que “la denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile y que exige una investigación independiente, internacional y, cuando menos, que obligue a la justicia chilena a hacerlo”.
Por su parte, Carlos Margotta, titular de la CHDH, mencionó que recurrieron a la CPI porque “los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, a la que tienen derecho, añadió, “las víctimas, sus familiares como la sociedad chilena en su conjunto”.
En el documento, los denunciantes señalan que durante las manifestaciones registradas en Chile desde el estallido de octubre de 2019, “como en los peores tiempos de la dictadura de (Augusto) Pinochet, hubo disparos y manifestantes muertos y heridos por armas de guerra”.
Un informe de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reveló en diciembre de 2019 que durante las acciones para repeler las protestas, Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en operativos en los que usaron armas letales, y no distinguieron entre manifestantes pacíficos y violentos.
Hasta esa fecha, la institución registraba un saldo de 26 muertos y centenares de heridos; así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en las protestas.
Por su parte, en octubre de 2020, al cumplirse un año del estallido, Amnistía Internacional (AI) publicó otro documento, en el que exponía la responsabilidad de los mandos estratégicos y tácticos en Carabineros de Chile por graves violaciones de derechos humanos.
