Emily O’Reilly encabeza una iniciativa para el registro de este tipo de comunicaciones para que las instituciones comunitarias cumplan con sus obligaciones de transparencia.
La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, quiere tener más información sobre los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director de la empresa farmacéutica Pfizer.
El pasado mes de abril, el New York Times reveló que von der Leyen había enviado y recibido mensajes del CEO de la compañía, Albert Bourla. Sin embargo, cuando se envió una solicitud para tener acceso a los mensajes, la Comisión Europea argumentó que al ser de “corta duración” por precepto estaban excluidos del registro, por lo que no poseía ningún informe de ellos.
Esta negativa de la Comisión a permitir el acceso a estos mensajes motivó una denuncia al Defensor de Pueblo Europeo, que ahora trata de enfrentar este problema. El denunciante, del que no se ha revelado su identidad, mantiene que la Comisión tiene la obligación de grabar mensajes instantáneos relacionados con políticas importantes o asuntos políticos, como la adquisición de vacunas contra el covid-19.
Por el momento, la institución ha abierto una investigación y ha tratado de reunirse con representantes de la Comisión para discutir los procedimientos y la práctica aplicables.
Desde la oficina del Defensor del Pueblo Europeo se sostiene que como primer paso han solicitado a la Comisión que explique su política sobre el mantenimiento de registros de mensajes de texto y cómo se implementa, y cómo y dónde buscó los mensajes de texto relevantes que le fueron solicitados y negó poseer.
El comunicado de la institución dirigida por O’Reilly se produce en un momento en el que se está desarrollando un debate en el seno de varios países miembros de la UE acerca de la existencia o no de responsabilidad en el uso de mensajes de texto de altos funcionarios al terminar su jornada laboral.
Iniciativa en pos de la transparencia de las instituciones comunitarias
A finales de junio, O’Reilly ya envió una carta a la Comisión Europea para solicitar información sobre cómo las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE registran los mensajes de texto y los mensajes instantáneos enviados y recibidos por los miembros del personal como parte de su actividad profesional.
La Defensora del Pueblo mencionó que la administración de la UE “utiliza cada vez más los medios de comunicación electrónica moderna en su trabajo diario”, uso que la crisis del covid-19 y la instauración del teletrabajo “han aumentado aún más”.
En este contexto recordó que “la legislación de la UE exige a la administración de la UE que elabore y conserve la documentación relativa a sus actividades, en la medida de lo posible y de una manera no arbitraria y predecible” y que ese registro “no debería depender del medio, ya sea una carta, un correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje instantáneo, sino de su contenido”.
Así, O’Reilly recordó que ese registro de información sirve para varios fines: facilitar su intercambio, evidenciar las acciones realizadas, cumplir con las obligaciones legales de las instituciones y preservar su memoria, además de ser una condición previa para cumplir con las obligaciones de transparencia.
