De acuerdo con un sondeo de Hinterlaces, agencia de estudios de opinión pública, un 89% de la población del país latinoamericano consultada rechaza que Washington invoque dicha ley para expulsar a sus connacionales y que sean apresados en El Salvador.
Además, el estudio señala que un 91% de las personas sondeadas opina que el decreto de la Administración de Donald Trump “viola profundamente” los derechos humanos. En tanto, un 84% considera que esta medida ha sido promovida y respaldada por la líder opositora María Corina Machado.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el 14 de marzo un decreto mediante el que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el fin de facilitar las deportaciones que prometió desde su campaña. Dicha ley permite expulsar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra o invasión.
Trump apeló a la normativa bajo el alegato de que la banda criminal Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de EEUU” y ordenaba a la fiscal general Pam Bondi firmar dentro de los 60 días una carta oficializando la expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenecen a dicho grupo transnacional y no tienen pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en el país.
Caracas respondió que dicha normativa, a la cual tachó de “anacrónica”, no solo viola leyes fundamentales y vigentes de EEUU, sino que vulnera todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos y derechos del migrante, “conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad”.
En el comunicado, el Gobierno recordó que el éxodo migratorio en Venezuela respondió a la crisis económica que se generó en este país caribeño producto de la imposición de sanciones por parte de EEUU.
El pasado 16 de marzo, un juez federal de Estados Unidos ordenó suspender de inmediato las deportaciones de migrantes basándose en la polémica ley.
La orden de restricción temporal emitida por el juez del distrito de Columbia James Boasberg vencerá en 14 días, tiempo suficiente en principio para cuestionar la legalidad de la orden de Trump.
